La Justicia da la razón al CSD y ACB considera la información «absolutamente incorrecta»

Foto: acb.com

El Tribunal Supremo ha dado la razón al Consejo Superior de Deportes y, por tanto, al Ourense, por una causa abierta desde el 2015. El club gallego fue considerado en «causa de disolución» por la ACB tras lograr el ascenso en 2015. Por esa razón no se les dejó participar en la competición y comenzó una disputa legal.

«La ACB comunica que el club C.OURENSE SAD ha presentado la documentación requerida para su afiliación a la ACB y ha efectuado el ingreso correspondiente para su inscripción. Se abre ahora un plazo que finaliza el próximo día 30 de junio de 2015 para aportar el informe de auditoría. Será a partir de esa fecha, y a la vista del resultado del indicado informe, donde la Asociación de Clubes adoptará la resolución sobre la inscripción definitiva del club en la Liga profesional para la temporada 2015/16», se informó en un principio antes de esa auditoría que les rechazaría.

El Ourense, entonces, reclamó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que se apartó de la causa al no considerarse competente para alcanzar una solución al conflicto jurídico entre las partes. Entonces, la causa se trasladó al CSD. Dicha institución defendió la postura del Ourense y la ACB se vio obligada a emitir, meses después, un comunicado aceptando al club para la siguiente temporada (2016).

El ascenso al año siguiente no se produciría por motivos económicos, pero, además, la ACB impugnó la decisión del CSD y la causa se trasladó esta vez a la Audiencia Nacional. Esta estancia de la justicia consideró competente al CSD y dio la razón en parte a la ACB en uno de sus supuestos por los que el Ourense no podía ascender por razones económicas. Para concluir el proceso judicial, el caso llegó al Tribunal Supremo, donde ha acabado por completo. El CSD era lo suficientemente competente para dictaminar cuál era la situación del Ourense.

«Así, con independencia de las funciones privadas que puedan desarrollar la Ligas Profesionales, su participación en el visado de las licencias y la competencia de organización general de las competiciones deportivas deben considerarse encuadradas en el ámbito de las funciones públicas que pueden desarrollar y ejercer por delegación legal, convirtiéndose en agentes de la Administración Pública, como las Federaciones Deportivas. Función a la que cabe añadir las delegadas por las Federaciones al amparo del artículo 28 del Real Decreto 1835/1991», recoge iusport de la sentencia.

Puestos en contacto con ACB, consideran la información aportada por algunos medios totalmente incorrecta y que, a lo largo del día de hoy emitirán una nota explicando la realidad de la situación. 

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